La frustración de los proyectos de vivienda de interés social en Colombia es una constante, y el proyecto de vivienda Santa Cecilia no fue la excepción, su caso está rodeado de inconvenientes jurídicos y fallas en su planeación.

 

 

Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda (artículo 51 de la Constitución Nacional). El anterior es un derecho no tutelable, de carácter asistencial, no es fundamental, pero para su defensa se puede entrelazar con uno que sí lo sea, si la familia es desplazada. Así que la forma de verlo materializado se basa en rogar por una vivienda digna al Estado proveedor, rogar para conseguir el dinero faltante para obtener una casa, y rogar a Dios que el proyecto se haga realidad.

 

Fue bajo el marco del cumplimiento de este derecho que se creó en Piedecuesta, Santander el Proyecto de Vivienda Santa Cecilia, que pretendía hacer quinientos cuarenta y ocho apartamentos de interés social en un área de 35.000 metros cuadrados llamado “Antiguo Coliseo de Ferias”. Su elaboración inició en el año 2008 junto al Plan de Desarrollo Municipal denominado “Piedecuesta incluyente, solidaria, viable y productiva 2008-2011”, a cargo de Jorge Armando Navas Granados, alcalde del municipio y el arquitecto Jairo Camacho Prada.

 

La iniciativa fue muy bien acogida por los habitantes del municipio y personas de otros lugares que querían vivir allí, así que tras la realización el 4 de diciembre de 2009 de una convocatoria de la Alcaldía para ser parte del proyecto, tres días después hicieron la entrega de cinco mil quinientos formularios a las personas interesadas en participar, y allí fue puesto en marcha públicamente.

 

Eloísa Hernández fue una de las personas que obtuvo el formulario de inscripción y dice “tenía interés porque yo soy madre cabeza de familia, soy nivel uno y ya tenía el ahorro programado, ya el banco el Fondo Nacional del Ahorro, ya me habían dado el préstamo, me prestaban cuarenta millones de pesos, no era sino que el proyecto saliera para poder adquirir la vivienda”.

 

Para estas personas la esperanza, última desgracia de Pandora, era su mayor virtud pero no sería ni en su elevada expresión su principal ventaja, ya que sólo 548 de estas 5.500 familias recibirían el aval que necesitaban. Mientras tanto, la Alcaldía realizaba en sus despachos reuniones del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, que está conformado por el Consejo Territorial de Planeación, la Universidad Pontificia Bolivariana, Metrolínea, el Concejo Municipal de Piedecuesta, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, la Fundación Cardiovascular, Diseños y la Secretaría de Planeación Municipal,  para discutir una Modificación Excepcional del PBOT.

 

Lamentablemente para quienes idearon el Proyecto, el predio en el que pretendían construir hacia parte del área de suelo protegido, por tanto necesitaban que esta denominación fuera revertida para que el “Antiguo Coliseo de Ferias” sirviera para construir apartamentos nuevos, por lo cual un día después de la reunión enviaron un oficio al Área Metropolitana de Bucaramanga; el intento fue exitoso y el proyecto declarado como viable.

 

Eloísa recibió el llamado para entregar su formulario y los documentos necesarios, entre ellos estar ahorrando en una caja de compensación como el Fondo Nacional del Ahorro o Confenalco,  los cuales fueron entregados en enero de 2010. En total  recibieron 2.500 formularios en la Alcaldía para estudiar cuáles de estos cumplían con los requisitos.

 

Sin embargo, el predio seguía siendo suelo protegido y la Alcaldía necesitaba que la excepción fuera avalada por la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB). La respuesta que dio este organismo fue que el predio usado para la construcción de las viviendas debía ser remplazado por otro de características equivalentes, por lo cual fueron propuestos para su remplazo los predios identificados con las matrículas inmobiliarias número 31422061, 314-22060, 314-22055 y 314-22054. Más tarde el 14 de abril fue enviada la intención de compra de los predios urbanos a los propietarios de los suelos requeridos.

 

El paso estaba dado pero el requerimiento no se había cumplido del todo. Los suelos de compensación no eran del Municipio y como lo explica la CDMB si no eran comprados sino cedidos se convertían en área protegida y sus dueños que solo tendrían como garantía una promesa de compra descubrirían que no sería posible venderlos en un futuro. Mientras tanto, la incertidumbre de las personas que habían recibido el aval por parte de la Alcaldía y por ende ya eran parte del Proyecto, crecía. Eloísa junto con 547 familias más que fueron avaladas, asistieron a audiencias públicas para recibir los avances del Proyecto, en ellas la información no era cuantiosa, pero mantenía informados a la mayoría.

 

La pugna interna por el Proyecto y sobre todo por su aval llegó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a lo más profundo de la CDMB, pues según  comenta Eloísa la antigua directora del organismo Elvia Hercilia Pérez  era la esposa del congresista del Partido Cambio Radical Bernabé Celis Carrillo, quien estaba muy empeñado en llevar el botadero de basura al municipio, por lo cual se habrían estado jugando intereses personales en la decisión de aprobar el proyecto o no. Acusaciones que le ameritaron al Senador estar investigado por el Magistrado de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Carlos Alberto Zambrano, por la presunta  influencia en la aprobación de la Ley 1263 en el año 2008 que servía para que se extendiera el periodo de directores de la CAR (Corporacion Autónoma Regional) decisión con la cual se beneficiaría su esposa y garantizaría un control especial por parte del Senador de la entidad ambiental.

 

Pasaron los días y Eloísa Hernández  seguía viviendo en el barrio Bellavista de Piedecuesta y trabajando en las oficinas del Sisbén, donde los casos y los problemas cotidianos que hacían visible la violación al derecho de tener una vida digna son más angustiosos que el suyo.  Finalmente el periodo 2008-2011 de la Alcaldía de Piedecuesta llegó a su fin y consigo el proyecto de vivienda de interés social Santa Cecilia. No obstante, su alcalde fue investigado por la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en el contrato firmado con la caja de compensación Confenalco que facilitaría la adquisición de las casas a los interesados en las viviendas.

 

La alianza público–privada no llegó a su realización, pues el proyecto nunca tuvo el aval para iniciarse de manera concreta, la caja de compensación Confenalco alegó que su función no llegó a cumplirse pues se vencieron las actas, por tanto el plazo con el que contaban sus afiliados para hacer el rembolso del dinero subsidiado efectivo se venció.

 

La esperanza los abandonó. Estas 548 familias que aspiraban a tener el  apartamento que les fue prometido, quedaron en el limbo. Si se quisiera dibujar en la mente lo que hubiera sido su sueño sería así: en 58 metros cuadrados se iban a construir tres alcobas, una sala comedor, dos baños, una cocina, un patio de ropas y un cuarto de servicio, este último lugar llegaría a ser un lujo innecesario si se tiene en cuenta que las personas de los estratos más bajos de nuestro país no cuentan con una empleada para el servicio. Sin embargo, la ilusión que acallaría los problemas de vivienda era lo suficientemente grande como para que estas personas esperaran tres años sin ver ni un solo ladrillo de la anhelada construcción.

 

En la actualidad, Eloísa ve los predios donde se iba a construir su hogar como  terrenos baldíos, que se están prestando para que expendedores de drogas prosperen en su negocio, además, retiró su dinero del Fondo Nacional del Ahorro que era el lugar donde lo guardaba porque para aspirar a un subsidio debe volver a hacer todo el proceso de ahorro.

 

Por su parte, la Alcaldía no tiene una respuesta clara de lo sucedido, no quedan funcionarios de la antigua administración (2008-2011), solo cercanos a ellos. Oscar Iván López es el arquitecto encargado de la nueva administración y dice que “lo único que yo sé es que mis antecesores firmaron a sabiendas de que en ese lote no se podía construir”.

 

Del náufrago proyecto quedó la expectativa frustrada pero no enterrada de que algún día su derecho a tener una vivienda digna sea una realidad. Como la definición de digno “merecedor de algo” que proporciona la Real Academia de la Lengua Española, en Colombia se debería ser merecedor de una vivienda que cumpla con las mínimas condiciones de salubridad, de espacio para que el derecho a desarrollar la libre personalidad de cada individuo sea respetado, es decir que respondan a las necesidades básicas de todo ser humano. ¿Es un requerimiento fuera de ley solicitarlo? La Constitución Nacional responde que no, porque para ello fue reformada en 1991 y su aplicación debe provenir de una interpretación sistémica de la misma.